El Senado mexicano aprobó por unanimidad la ratificación del Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental regional vinculante y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos de este tema.
El 15 de julio del 2019 expertos de Naciones Unidas enviaron una carta al Presidente Andrés Manuel López Obrador para solicitarle ratificar el Acuerdo de Escazú de manera prioritaria, antes del 27 de septiembre, lo cual sucedió el 19 de octubre del 2020 cuando el mandatario envió el documento al Senado. Dicho acuerdo aborda el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales en la región.
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“La ratificación del Acuerdo es de suma trascendencia para México, ya que establece disposiciones en materia de generación, divulgación y acceso a la información ambiental y aborda la generación de un entorno seguro y propicio para las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales”, dijo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL.
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En una visita oficial a México en 2017, el relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos advirtió que los dirigentes comunitarios y los defensores de los derechos sobre la tierra y el medio ambiente que se oponían a proyectos a gran escala enfrentaban actos de violencia que a menudo quedaban impunes.
Asimismo, de acuerdo con el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, en 2018, de los 164 asesinatos registrados a nivel mundial de defensores del medio ambiente, muchos de los cuales eran indígenas, 83 tuvieron lugar en la región de América Latina y el Caribe.
Además el Informe sobre la Situación de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales, realizado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), señala que del 2012 al 2019, se registraron 499 ataques contra defensores ambientales, lo que coloca al país en uno de los más peligrosos e impunes en este tema. Siendo en el 2019 cuando se documentaron 15 asesinatos, entre ellos el de Samir Flores, perteneciente al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua y uno de los principales activistas en contra de la termoeléctrica y gasoducto en Morelos debido a la falta de diálogo con las comunidades, los permisos de construcción y la realización del megaproyecto en una área volcánica.
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Las entidades con el mayor número de agresiones en el 2019 fueron Oaxaca, Sonora, Estado de México, Puebla, Chihuahua, Guerrero y Veracruz y el 40.5% de éstas estuvieron vinculadas a algún nivel de gobierno, de acuerdo con el CEMDA.
El jefe en el país de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Guillermo Fernández–Maldonado, comentó en ese sentido que la ratificación del Acuerdo “es una expresión concreta del compromiso de México con la protección de los defensores de derechos humanos y del ambiente que, junto con los periodistas, afrontan altos niveles de violencia”.
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Las oficinas de Naciones Unidas refrendaron su disposición de continuar brindando asesoría técnica y trabajando con las instituciones del Estado y las organizaciones de la sociedad civil para garantizar el disfrute efectivo de los derechos humanos en México.
Sobre el Acuerdo
Éste fue adoptado en Escazú (Costa Rica), el 4 de marzo de 2018 y la apertura a la firma se realizó en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el 27 de septiembre del mismo año, teniendo como antecedente la Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río, formulada por países de América Latina y el Caribe en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro (Brasil) en 2012.
Algunos de sus artículos son:
5. Accesibilidad de la información ambiental:
1. Cada Parte deberá garantizar el derecho del público de acceder a la información ambiental que está en su poder, bajo su control o custodia, de acuerdo con el principio de máxima publicidad.
7. Participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales:
2. Cada Parte garantizará mecanismos de participación del público en los procesos de toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativos a proyectos y actividades, así como en otros procesos de autorizaciones ambientales que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente, incluyendo cuando puedan afectar la salud.
9. Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales:
3. Cada Parte tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contemplados en el presente Acuerdo.
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12. Centro de intercambio de información:
Las Partes contarán con un centro de intercambio de información de carácter virtual y de acceso universal sobre los derechos de acceso. Este centro será operado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en su calidad de Secretaría, y podrá incluir medidas legislativas, administrativas y de política, códigos de conducta y buenas prácticas, entre otros.
El instrumento entrará en vigor 90 días después de recibir once ratificaciones. México es el décimo país en ratificarlo y está firmado por 24 países.
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